El 29 de abril de 1997 fue una fecha histórica, ya que ese día entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ), el primer acuerdo multilateral de desarme del mundo, que contempla la eliminación de toda una categoría de armas de destrucción en masa en un plazo de tiempo estipulado.
El acontecimiento significó la culminación de muchos años de laboriosas negociaciones en la Conferencia de Desarme y en la Comisión Preparatoria, y el nacimiento de un régimen internacional de desarme químico liderado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
La OPAQ persigue el cumplimiento del mandato de la Convención con objeto de poner fin al desarrollo, producción, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas, para prevenir su resurgimiento, para lograr la eliminación de las actuales existencias de tales armas. Con ello, desaparecerá del mundo la amenaza de guerra química.
La Comisión Preparatoria
Para los Estados signatarios de la reunión de Paris de 1993 era evidentemente necesaria una labor de fondo considerable antes de poder establecer una organización internacional capaz de aplicar la Convención sobre las Armas Químicas. Por suerte, la Convención estipulaba que su entrada en vigor tendría lugar como mínimo dos años tras ser dispuesta para su firma, y no antes de que transcurrieran 180 días desde el depósito del sexagésimo quinto instrumento de su ratificación Se abría así un período para adoptar los preparativos correspondientes. Así pues, en la denominada Resolución de París los Estados signatarios decidieron establecer una Comisión Preparatoria, a la que se encomendó adoptar los preparativos necesarios para la primera Conferencia de los Estados Partes y seguir dilucidando cuestiones que los negociadores aún no habían resuelto. La Comisión Preparatoria celebró su primera reunión plenaria en febrero de 1993, en La Haya, y estableció una Secretaría Técnica Provisional.
La fecha de entrada en vigor de la Convención no fue determinada hasta el 31 de octubre de 1996, en que Hungría se convirtió en el 65.º Estado en ratificarla. Conforme a lo estipulado, la Convención entró en vigor 180 días más tarde, el 29 de abril de 1997. En los cuatro años anteriores, la Comisión Preparatoria celebró 16 reuniones, sentando así las bases para las actividades de la futura Organización.
La Comisión Preparatoria consiguió llevar a término varias tareas con arreglo a su mandato, conforme quedó reflejado en su informe final. Entre sus grandes logros cabe señalar la resolución de varias cuestiones básicas en materia de verificación, el establecimiento del Laboratorio y Almacén de Equipo de la OPAQ, la elaboración de un plan general para los inspectores y la contratación de inspectores en prácticas, varias disposiciones sobre el nuevo edificio de la sede y la elaboración de proyectos de documento, como el Acuerdo relativo a la sede, el Estatuto del Personal y Reglamento Financiero, la Política y Reglamento en materia de Salud y Seguridad Física, la Política sobre Confidencialidad, y la Política de Medios de Comunicación y Asuntos Públicos. La Comisión Preparatoria se encargó también de transferir adecuadamente a la OPAQ sus bienes, funciones y recomendaciones.
Esfuerzos de desarme en el pasado
Aunque las sustancias químicas tóxicas han sido empleadas como armas durante miles de años (por ejemplo, en forma de flechas envenenadas, humos de arsénico, humos tóxicos, etc.), su empleo ha estado siempre estigmatizado por estar asociadas a una crueldad innecesaria y a la idea de «juego sucio», que rompen las reglas de las contiendas bélicas «civilizadas». Por ello, los esfuerzos internacionales por proscribir las armas químicas ocuparon un lugar prominente en muchos acuerdos iniciales sobre desarme.
El primer acuerdo internacional para limitar el empleo de armas químicas data de 1675, año en que Francia y Alemania convinieron formalmente, en Estrasburgo, prohibir el empleo de balas envenenadas. Casi 200 años después, en 1874 y en esa misma línea, se acordó en Bruselas el Proyecto de declaración internacional relativa a las leyes y costumbres de la guerra. El acuerdo de Bruselas prohibía el empleo de venenos o armas envenenadas y de armas, proyectiles o material que causaran un sufrimiento innecesario, pero nunca llegó a entrar en vigor.
Antes de finalizar el siglo XIX se concertó un tercer acuerdo. Los esfuerzos por el desarme químico del siglo XX tienen su origen en la Conferencia de Paz de La Haya de 1899. Las partes contratantes en esa Convención se prohibieron «el empleo de proyectiles que tengan por único objeto el esparcir gases asfixiantes o deletéreos». En el año 1907, una segunda Convención de La Haya reiteró las prohibiciones anteriores de empleo de venenos o de armas envenenadas.
Pese a esas medidas, el mundo conoció el empleo bélico de sustancias químicas tóxicas a una escala sin precedentes durante la Primera Guerra Mundial. El primer ataque en gran escala tuvo lugar en Ypres (Bélgica) el 22 de abril de 1915. Al terminar la guerra habían sido liberadas un total de 124.200 toneladas de cloro, gas mostaza y otros agentes químicos, y más de 90.000 soldados habían tenido una muerte dolorosa por esa causa. Además, cerca de un millón de hombres regresaron de la guerra ciegos, desfigurados o con lesiones debilitantes.
Tras la Primera Guerra Mundial, la consternación general ante los horrores de la guerra química impulsó la negociación de varios instrumentos jurídicos encaminados a evitar que volvieran a suceder. Destaca en particular el Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, habitualmente conocido como Protocolo de Ginebra de 1925. Este protocolo, sin embargo, no prohíbe el desarrollo, producción o posesión de armas químicas. Prohíbe solamente el empleo de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) con fines bélicos. Además, muchos de los países firmaron el Protocolo reservándose el derecho de emplear armas químicas frente a países que no se habían adherido a él, o de responder por los mismos medios en caso de ser atacados con tales armas. Desde la entrada en vigor del Protocolo de Ginebra, algunos de esos Estados Partes han retirado sus reservas y han aceptado la prohibición absoluta del empleo de armas químicas y biológicas
En la primera mitad del siglo XX, numerosos países desarrollados invirtieron considerables recursos en el desarrollo de armas químicas. Varios países emplearon armas químicas en los años 1920 y 1930, y, a finales de esta última década, el descubrimiento de potentes gases neurotóxicos suscitó un renovado interés a ese respecto. Aunque las grandes potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial esperaban nuevos episodios de guerra química en gran escala, por razones que los historiadores todavía debaten no se volvieron a emplear armas químicas en Europa. Durante la guerra fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a tener enormes existencias de armas químicas, cifradas en decenas de millares de toneladas.
Negociaciones para la Convención sobre las Armas Químicas
Eclipsadas por la preocupación que suscitaba una posible guerra nuclear durante buena parte de la última posguerra, las armas químicas no suscitaron gran interés hasta 1968, en que se emprendieron conversaciones sobre las armas químicas y biológicas en la Conferencia de desarme de Ginebra. Los tratados en que desembocaron aquellas conversaciones siguieron caminos divergentes. La Convención sobre las Armas Biológicas (CAB) fue redactada en un tiempo relativamente breve y quedó dispuesta para su firma en 1972, aunque carecía de medidas de verificación. Estableciendo una pauta para iniciativas posteriores de prohibición de las armas químicas, la CAB obligaba a sus Estados Partes a proseguir las negociaciones sobre las armas químicas, con objeto de instituir medidas para su destrucción y para prohibir su desarrollo, producción y almacenamiento.
Las negociaciones de la Convención sobre las Armas Químicas duraron mucho más, y progresaron a un ritmo desigual a medida que los grandes avances reflejaban los cambios políticos y de otra índole. En 1980, la Conferencia de Desarme estableció un grupo de trabajo específico sobre las armas químicas. Cuatro años después, se encomendó al grupo elaborar los términos de una eventual prohibición de las armas químicas, y de ese encargo surgió un texto de propuestas sobre la Convención. La mejora de las relaciones entre las grandes potencias a finales de los años 1980, el ataque químico de 1988 contra Halabja, en el Iraq, la publicidad que se dio a la amenaza de guerra química durante la guerra del Golfo y el anuncio de un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para destruir la mayor parte de sus existencias de armas químicas y detener su producción confirieron impulso a las negociaciones sobre la Convención.
A pesar de los avances, quedaban todavía varias cuestiones por aclarar. Algunos países deseaban que el desarme químico estuviera vinculado a los progresos del desarme nuclear. Otros, en cambio, aspiraban a introducir disposiciones de asistencia en casos de defensa frente a un ataque químico. El grado de apoyo que recibiría de la Convención el libre comercio de sustancias químicas y el consiguiente desarrollo económico y tecnológico suscitaban gran preocupación en numerosos países. A muchos de ellos les preocupaba la posible interferencia causada por el régimen de verificación de la Convención, y particularmente de sus inspecciones por denuncia. Hasta casi el final del proceso de negociación, los Estados Unidos insistían en el derecho a adoptar represalias del mismo tenor en caso de empleo de armas químicas. Poco a poco, los obstáculos fueron superados, y las cuestiones pendientes, resueltas.
En 1992, la Conferencia de Desarme adoptó formalmente un proyecto de Convención. El 13 de enero de 1993, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a su Secretario General, depositario de la Convención, que la declarara dispuesta para su firma. En una muestra sin precedentes de apoyo a un tratado internacional de control de armamento, 130 países rubricaron la Convención durante los tres días de la conferencia de París.
La OPAQ
Conforme se estipula en la Convención, la OPAQ está integrada por tres órganos principales: la Conferencia de los Estados Partes, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Técnica. Cada uno de ellos inició su andadura con un apretado programa de trabajo.
La Conferencia de los Estados Partes, integrada por representantes de todos los Estados Miembros en la Convención, inició su primer período de sesiones el 6 de mayo de 1997, una semana después de la entrada en vigor de la CAQ.
La Conferencia emprendió con prontitud el examen de los asuntos a ella encomendados por la Convención, así como varias recomendaciones de la Comisión Preparatoria y algunas cuestiones pendientes. Eligió a los miembros del Consejo Ejecutivo, y nombró a José Mauricio Bustani, de Brasil, primer Director General de la OPAQ. Asimismo, seleccionó a los miembros de uno de los órganos subsidiarios de la Organización, la Comisión de Confidencialidad. Las recomendaciones de la Comisión Preparatoria quedaron reflejadas en muchas de las demás decisiones de la Conferencia. Se decidió trasladar las cuestiones pendientes de resolución al Comité Plenario (integrado también por representantes de todos los Estados Partes). En su segundo período de sesiones, en diciembre de 1997, la Conferencia prosiguió su actividad. Además de encomendar al Director General que estableciera un Consejo Consultivo Científico, examinó las solicitudes de conversión de instalaciones de producción de armas químicas y adoptó otras decisiones.
Entretanto, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Técnica abordaron sus respectivos cometidos. En 1997, el Consejo celebró varias reuniones, en las que consideró y aprobó los acuerdos transitorios de verificación de las instalaciones de destrucción de armas químicas (IDAQ) y los acuerdos de instalación respecto de las plantas productoras de sustancias químicas de la Lista 1 de la OPAQ con posibles aplicaciones bélicas.
La Secretaría Técnica comenzó a tramitar las declaraciones iniciales de los Estados Partes y puso en marcha las actividades de inspección. Las primeras inspecciones debían efectuarse forzosamente en instalaciones relacionadas con armas químicas, muchas de las cuales debían ser inspeccionadas con arreglo a unos plazos específicos en cumplimiento de las disposiciones de la Convención. La destrucción de las armas químicas hacía necesaria también la inspección in situ. En poco tiempo, el número de inspecciones realizadas por la OPAQ se cifraba en miles, y la eficiencia con que se desarrollaron granjeó a la Organización una reputación de profesionalidad e imparcialidad.
Así fue como entró en funcionamiento el régimen de verificación de la CAQ. Las declaraciones sobre las armas químicas y sobre la producción de sustancias químicas de doble empleo establecen unos valores de referencia que confirmará posteriormente la Organización. Las inspecciones, que constituyen el principal medio de verificación del contenido de las declaraciones, tienen lugar en instalaciones relacionadas con las armas químicas y en instalaciones industriales. Los datos obtenidos de las declaraciones y de las inspecciones son comunicados a los Estados Partes de conformidad con las disposiciones de confidencialidad de la Convención, y permiten mejorar la transparencia y cimentar la confianza en la efectividad del régimen.
En resumen, la OPAQ se ha configurado como un nuevo tipo de organización internacional de ámbito mundial basada en un tratado, con responsabilidades en materia de desarme y no proliferación y de otra índole, y dotada de los mecanismos imparciales necesarios para verificar el cumplimiento y para subsanar las eventuales situaciones de no cumplimiento. En 2013, en reconocimiento de sus intensos esfuerzos por eliminar las armas químicas, se otorgó a la OPAQ el Premio Nobel de la Paz y en 2017 celebró su 20.º aniversario.